Por Manuel Riesco
El destacado investigador explica por qué el Gobierno debiera aceptar la propuesta del sector público y por qué ésta beneficiaría al país entero(06 noviembre 2008)
No se trata de una cifra al azar. La demanda de reajuste del 14,5% sector público se basa en fundamentos reales, concretos y sobre todo justos para trabajadores que han mantenido niveles de remuneraciones inferiores a los tenían antes del golpe militar. Contrariamente a lo que plantean algunos, este reajuste salarial no pondría en riesgo el presupuesto fiscal, sino que muy por el contrario, actuaría como un reactivador de la economía.
Manuel Riesco -que actualmente ejerce como vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, investigador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y director de la Revista Encuentro XXI, entre otros cargos- explica que ante una crisis económica, "las medidas reactivadoras más eficaces son precisamente los reajustes de remuneraciones a los empleados públicos".
Según su criterio, ¿Están las condiciones dadas en el país para un incremento del 14,5% al reajuste salarial de los empleados públicos?
Un incremento salarial nominal del 14.5% equivale en los hechos a un 5,3% real, si se considera que la inflación en los últimos doce meses a Septiembre es de 9,2% según el Banco Central. Es decir, significa recuperar el deterioro de los salarios en el curso de los últimos doce meses y aumentarlos más o menos en la inflación esperada para los próximos doce meses. En otras palabras, al cabo de doce meses, los trabajadores estarán igual que hace doce meses atrás y en dos años no habrán ganado ni perdido, es decir, habrán obtenido un reajuste igual a cero. Por estos motivos parece una petición más que razonable. Hay que considerar que los empleados públicos mantienen todavía niveles de remuneraciones inferiores a los tenían antes del golpe militar. En cambio, el promedio de los trabajadores del país superó ese nivel en diciembre de 1999 y hoy están ganando aproximadamente un 20% más que antes del golpe. En el mismo período, el producto interno bruto ha crecido más de cuatro veces (ver CENDA 2007: Resultados de las Estrategias del Estado a lo Largo de un Siglo").
¿Qué grado de incidencia tiene el reajuste salarial del sector público –que afecta a unos 450 mil trabajadores- para la economía del país?
A partir de las cifras que conocemos del magisterio, el salario bruto promedio de los trabajadores del sector público debe estar aproximadamente en unos $500.000 mensuales que, en doce meses significan unos 6 millones de pesos por trabajador, y del orden de 2.7 billones (millones de millones) para los 450.000 mil empleados públicos. Eso representa alrededor del 13,5% del presupuesto del Gobierno Central el 2009 que alcanza a poco más de 20 billones de pesos.
Por lo tanto, el reajuste real de 5,3% solicitado representa unos $143.000 millones, que equivalen aproximadamente al 0,7% del presupuesto del gobierno central. Como se puede apreciar, es una cantidad importante, pero cuyo impacto sobre las finanzas públicas es inferior al 1%. Desde el punto de vista del trabajador público promedio representa alrededor de $26.500 mensuales, lo cual no parece nada del otro mundo.
Desde el punto de vista de la economía general es un impacto ciertamente positivo, cuando la misma se está frenando sensiblemente por el impacto de la crisis mundial. Las medidas reactivadoras más eficaces y justas son precisamente los reajustes de remuneraciones a los empleados públicos. En el caso de los EE.UU., por ejemplo, la administración Bush envió a mitad de año un cheque de algunos miles de dólares a cada estadounidense para reactivar la economía, a un costo total de ¡150.000 millones de dólares!
¿Considera Ud. que la capacidad de respuesta del sistema público está dado por el incremento del gasto fiscal?
En este caso se trata de aprovechar una coyuntura en la cual un reajuste es reactivador para la economía, para reparar en una mínima parte una injusticia que se arrastra desde hace treinta años cuando la dictadura rebajó los salarios de los empleados públicos al 28% de su nivel anterior al golpe, y los mantuvo así hasta 1989. Los significativos reajustes logrados durante los años 90, mucho menores durante el gobierno de Lagos y nuevamente significativos el 2006, no han logrado corregir esta situación. Máxime cuando la inflación de los últimos doce meses ha significado un retroceso importante nuevamente.
¿Qué opina del argumento de algunos sectores de derecha y de la Concertación que plantean que hay que reducir el gasto fiscal para reducir la inflación?
Es una tontería, resabio de los prejuicios neoliberales que pululan en la tecnocracia y el empresariado. Hay que seguir los consejos del jefe del Fondo Monetario Internacional que hace pocos meses llamó a los gobiernos del mundo a tener políticas fiscales reactivadoras, es decir, a aumentar el gasto para evitar que la inmensa crisis financiera resulte en una terrible recesión mundial. Todos los gobiernos de los países desarrollados están aumentando enormemente el gasto para enfrentarla. El paquete recientemente aprobado por el gobierno de los EE.UU. de 700.000 millones de dólares equivale a duplicar la deuda del gobierno estadounidense, por ejemplo.
Hay algunos que postulan que la eficiencia y la calidad del sistema público mejorarían con una mayor movilidad del recurso humano, mayor flexibilidad en la gestión y con la externalización o compra de servicios al sistema privado. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Uno de los elementos principales del giro estratégico que debe dar nuestro país para corregir las distorsiones introducidas por tres décadas de neoliberalismo -salvaje durante la dictadura y de "tercera vía" durante la transición - consiste en reconstruir un servicio público profesional de excelencia, con carreras de por vida, capacitación permanente, remuneraciones adecuadas. Como escribe el profesor de Princeton, EEUU., Ezra Suleiman en su libro "Desmantelando los Estados Democráticos" (2004 Princeton University Press), todo estado moderno requiere de un servicio civil profesional de esas características para funcionar. En su opinión, el intentar transformar al Estado en una empresa proveedora de servicios para los ciudadanos concebidos como consumidores y a los servidores públicos como empleados de empresas privadas es una falaz distorsión que ha provocado severos daños.-
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